El heredero González considera que es inmoral, que ya está bien, urge una regulación de éste derecho, que ya se hace insoportable, y Rosa Díez apostilla; es una asignatura pendiente para nuestra democracia.
El nivel de endeudamiento de las familias es alto, los gastos corrientes a los que tienen que hacer frente cada vez son más y más elevados, el temor crece ante la perdida de ingresos e incluso ante la perdida del empleo. La presión a la que están sometidos los trabajadores esta llegando a cotas desconocidas para las generaciones más jóvenes.
Ante la perdida de capacidad negociadora por parte de los sindicatos, tras la aprobación de la nueva reforma laboral, las herramientas de presión que quedan en manos de estos son mínimas, mas bien únicas, la huelga, que como derecho reconocido constitucionalmente no ha podido ser barrido por la norma aprobada.
Pero la huelga se puede regular, modular, reducir e incluso suprimir, también se puede prohibir la protesta o la crítica al gobierno, como ya se ha planteado a los profesores de Baleares, con amenaza de sanción, se puede encarcelar a un piquete preventivamente, como ocurre con Alfonso, el joven de Vallecas. En definitiva se puede desplegar todo un abanico de medidas represoras. Aunque el problema no son los manifestantes o piquetes.
Si, puede suponer un desahogo, hasta un golpe de efecto matar al mensajero, se puede convencer a una parte, pero el problema no desaparece.
La huelga es el cauce legal del conflicto, supone la integración de una conducta en nuestro marco jurídico, una conducta que no solo genera gasto, molestias o dificultades para comerciantes y usuarios de servicios públicos. Es la expresión de la dignidad para un colectivo, supone el límite aceptable en una relación abusiva, y legal o no, obedece a una necesidad que será satisfecha, ahora y siempre.
La flexibilidad de los derechos no es infinita, es más, solo la aparente flexibilidad puede dar cierto margen a quien legisla, y cuando la apariencia se desmorona, cuando los aforismos se derriten y quedan las decisiones al descubierto, entonces, pobre del gobierno que no cuente con un cauce como la huelga para regular la ira de quien se siente engañado.
Ante la perdida de capacidad negociadora por parte de los sindicatos, tras la aprobación de la nueva reforma laboral, las herramientas de presión que quedan en manos de estos son mínimas, mas bien únicas, la huelga, que como derecho reconocido constitucionalmente no ha podido ser barrido por la norma aprobada.
Pero la huelga se puede regular, modular, reducir e incluso suprimir, también se puede prohibir la protesta o la crítica al gobierno, como ya se ha planteado a los profesores de Baleares, con amenaza de sanción, se puede encarcelar a un piquete preventivamente, como ocurre con Alfonso, el joven de Vallecas. En definitiva se puede desplegar todo un abanico de medidas represoras. Aunque el problema no son los manifestantes o piquetes.
Si, puede suponer un desahogo, hasta un golpe de efecto matar al mensajero, se puede convencer a una parte, pero el problema no desaparece.
La huelga es el cauce legal del conflicto, supone la integración de una conducta en nuestro marco jurídico, una conducta que no solo genera gasto, molestias o dificultades para comerciantes y usuarios de servicios públicos. Es la expresión de la dignidad para un colectivo, supone el límite aceptable en una relación abusiva, y legal o no, obedece a una necesidad que será satisfecha, ahora y siempre.
La flexibilidad de los derechos no es infinita, es más, solo la aparente flexibilidad puede dar cierto margen a quien legisla, y cuando la apariencia se desmorona, cuando los aforismos se derriten y quedan las decisiones al descubierto, entonces, pobre del gobierno que no cuente con un cauce como la huelga para regular la ira de quien se siente engañado.
